Por Equipo de Reportajes de Vivo al Día Valparaíso
El día Jueves 12 de Diciembre del 2024 para muchos funcionarios de la Municipalidad de Quilpué y de la Corporación Municipal de Quilpué será recordado como el día donde cerca de 70 colegas fueron desvinculados por instrucción de la Alcaldesa Carolina Corti Badía (RN) a menos de una semana efectiva de ejercicio del cargo.
Durante horas de la mañana del jueves, los whatsapp de las asociaciones comenzaron a sonar y las denuncias públicas no tardaron en salir a la luz: más de una veintena de trabajadoras de la educación vinculadas al Programa de Integración Escolar y a la dotación general de profesores de la Corporación Municipal habrían terminado abruptamente sus contratos dando a conocer que sus servicios no serían requeridos para el próximo año. ¿La justificación? No hay plata.
En paralelo, en el municipio quilpueíno, cerca de 50 personas les fue notificada una carta que indica que sus servicios anuales no serán prorrogados y que sus vinculaciones laborales se extinguirían el 31 de diciembre. Esta notificación, firmada por la Directora de Recursos Humanos, Susana Jorquera García, fue entregada por mano y fechada el día 12 de Diciembre. ¿La justificación? No hay motivo, “instrucciones superiores” se rumoraba en las oficinas administrativas.
Casi al finalizar el día jueves, el escenario era terrorífico. Los funcionarios que no fueron desvinculados respiraban con el temor de alguna acción contra ellos. Una funcionaria que trabaja en el Edificio Consistorial de la Municipalidad y que habló en reserva con Vivo al Día, indicó que “ya se ve poca gente, las oficinas en silencio y la gente triste. Lo más fuerte fue ver a colegas llorando”.
La espera de las asociaciones de funcionarios y la figura de Christian Urizar
Las asociaciones de funcionarios activaron sus alertas y comenzaron las gestiones desde el jueves para establecer diálogo con la administración de la Alcaldesa Carolina Corti y lograron agendar una reunión a primera hora del día de hoy, viernes 13 de diciembre, para dar a conocer el descontento por las desvinculaciones informadas y para informar del “estado de alerta” de los funcionarios. Finalmente, dicha reunión se llevó a cabo en horas de la tarde, debido a que la Alcaldesa Carolina Corti tenía actividades agendadas previamente.
Tras la reunión, el hermetismo es sólido, nuestro equipo de investigación ha llamado a todas las asociaciones y no han entregado declaraciones desde la reunión. Sin embargo y previo a ello, Vivo al Día consiguió hablar con el Presidente de la Asociación Unitaria de Trabajadores de la Municipalidad de Quilpué, Christian Urizar, quien entregó declaraciones por lo que estaba aconteciendo.
Cuando se le fue consultado respecto al contexto en el que se desarrollaron los despidos, rápidamente normalizó la situación indicando que “cada vez que llega una administración lo que corresponde es que renueve los contratos y también tenga la posibilidad de revisar algunos de estos”. Sin embargo, matizó apelando a un factor humano: “Esto de hacerlo grupalmente nunca es sano y bueno en estas fechas también es complicado”. Añadió que se trata de una situación complicada, sobre todo en relación a las fechas festivas pero que esperan que tras una reunión esperan revisar caso a caso con la nueva administración. “Nada es definitivo”, señaló el dirigente gremial.
“El capítulo viene de más atrás y la falla técnica”
Al ser consultado por el contexto, el dirigente Christián Urizar, alegó que esta es una historia anterior y que “la administración saliente, trató de dejar tomada la renovación de todos los contratos, pero tuvieron una falla técnica, digamos, porque para llevar este tema adelante es necesario, es imprescindible, tener aprobado el presupuesto del ejercicio municipal del año siguiente, o sea, del 2025. y como el Consejo Municipal saliente no aprobó ese presupuesto porque no lo pusieron en tabla, entonces se trató de hacer esta prórroga de los contratos, prórroga de los contratos, y no tuvo la suerte que esperaba la administración anterior, por lo tanto eso quedó todo en stand-by”.
Sin embargo, es conocida la jurisprudencia administrativa en la plaza de abogados en relación que a los funcionarios a contrata que no son notificados de su cese de funciones con fecha 30 de noviembre, les asiste un concepto llamado “confianza legítima”, donde tienen la expectativa razonable de ser renovados nuevamente, entregando seguridad laboral. En términos concretos, el procedimiento que debía ocurrir era una notificación el día 30 de noviembre, no obstante, ello ocurrió con fecha 12 de diciembre. Esto podría traer dos consecuencias directas: demandas laborales por tutela de derechos fundamentales y requerimientos a la Contraloría General de la República para revertir la desvinculación, obligando a la institución a restituir al funcionario y pagarle todos los sueldos que dejó de percibir por el eventual actuar ilegal.
Los errores administrativos de la operación
El dirigente ahondó respecto a la cantidad de funcionarios que se renuevan anualmente y detalló de los errores administrativos culpando a la gestión anterior: “aquí son 150 aproximadamente los contratos, la gente que trabaja a contrata y que todos los años tiene la posibilidad de que renueven el contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. El municipio está obligado ahora en este plazo, antes del fin de diciembre, de notificar a las personas. Por lo tanto, lo que hicieron fue, a mi entender, una primera notificación con una carta de cese de funciones”.
- ¿La carta de aviso por 30 días?
“Ah, la carta de aviso, claro, de 30 días que además, producto de lo que te conté al principio, porque eso tiene todo el contexto lo que debiera haber hecho la administración anterior era haber aprobado el presupuesto y acto seguido dentro del plazo anterior a 30 días o sea en el mes de noviembre haber notificado a los que seguían y los que no seguían. Entonces como eso no se hizo eso quedó stand-by, primero lo que está pasando es que se está notificando, pero no se está cumpliendo el plazo de los 30 días”.
Tras consultar a expertos en materia municipal, estos indicaron que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, obliga a los municipios a presentar una propuesta de presupuesto para ser debatido en el Concejo Municipal en el mes de septiembre y que debe ser sancionado como fecha máxima a mediados de diciembre, no concurriendo los supuestos que se indicaron. El procedimiento para tratar con los funcionarios a contrata habla de que la notificación siempre debe practicarse el 30 de noviembre para no renovarse y que la renovación de las contratas, con el presupuesto aprobado, debe decretarse posteriormente.
Sin embargo, más allá de los errores administrativos que se constataron y se dejan patente en esta investigación, ahondamos en las razones por las cuáles la gestión de la alcaldesa Carolina Corti decidió establecer una pugna con los funcionarios municipales.
Las razones de fondo dan cuenta de motivos políticos
La Asociación indicó que en horas de la tarde se reunirían con la Alcaldesa y que van a “verificar la situación porque entendemos que nada es definitivo. Ellos nos dirán cuáles son las razones”.
Sobre lo mismo, el dirigente detalló que “entendemos algunas razones. Hay un tema de caja, al parecer, que nos tendrán que explicar porque lo que sabemos es el hecho nomás. No tenemos claridad, hay un tema de caja que al parecer no da el ancho para mantener los sueldos todo el año 2025, nos tendrán que explicar las razones, por qué a unos sí, por qué a otros no”.
Sin embargo, la exalcaldesa Melipillán ha informado en la prensa que la municipalidad dejó una disponibilidad de 200 millones de pesos para nuevas contrataciones y depósitos a plazo por cerca de 10 mil millones que podrían ser liquidados y utilizados para nuevas iniciativas y personal.
- ¿Usted cree que esto fue una medida improvisada un poco arbitraria respecto a lo que sucedió?
“Lo que pasa es que nosotros entendemos que la nueva administración también puso muy fuerte el ojo en algunos funcionarios que llegaron con la administración de la exalcaldesa Melipillán que fueron parte del eje estratégico, por lo tanto tienen una responsabilidad, ahí tienen una responsabilidad en los triunfos y las derrotas”.
Christián Urizar añadió que “Varios de esos funcionarios trataron de, o sea, lo que se planteó fue que permanecieran en los espacios y algunos incluso, para nosotros hay uno hecho simbólico, que la SECPLA, que fue parte del equipo de confianza de la exalcaldesa, también estaba en la lista de las personas que quería prorrogar el contrato. Entonces, en ese aspecto nosotros creemos que también hay razones que esgrime la nueva administración para hacer el análisis de trabajador a trabajador, pero hay que ser muy cuidadosos en discriminar de buena forma […] Entonces, en eso creemos que hay que ser muy cuidadosos en discriminar quién es quién”.
- ¿Usted cree que existió una especie de lista negra?
“Lo que pasa es que, mira, aquí hay que… O sea, a nosotros como gremio, nosotros preferimos que las diferencias políticas que existen entre una administración de un color y otro se sancionara en el día que se lleva a efecto la elección democrática con los ciudadanos de la comuna Y los ciudadanos de la comuna de Quilpué si deciden que un municipio mantiene la administración, bueno, entonces que lo celebren y que intensifiquen el equipo con el que trabajan y que eso le siga haciendo bien a la comuna. Pero de la misma forma, si la ciudadanía le dice a una administración que no debe seguir, y en este caso la administración anterior salió tercera, o sea, fue un rechazo rotundo a la gestión de la alcaldesa anterior, entonces, quienes fueron parte fundamental de esa alcaldía, ahí lo digo, por dignidad, debieran también acompañar a la exalcaldesa Melipillán y buscar nuevos espacios”. concluyó el dirigente Cristián Urizar.
La versión de los funcionarios desvinculados
Algunos funcionarios desvinculados indicaron con reserva de identidad que el sector que representa la alcaldesa Carolina Corti hizo campaña atacando a los funcionarios, teniendo que pedir disculpas públicas en plena campaña tras una interpelación de algunas asociaciones. Así como también criticaron los denominados “pitutos” pero que el equipo de campaña de la alcaldesa Carolina Corti, incluyendo los candidatos a concejal que no resultaron electos, estarían adportas de ingresar al municipio, como sería el caso de la polémica abogada Laura González y que justamente los despidos serían para dejar espacios para ellos.
También aluden que se estaría “desvinculando al personal de los programas de integración escolar afectando duramente la educación de la comuna y la integración de los niños con necesidades educativas especiales”.
Por último, “hubo desvinculaciones de funcionarios de carrera, con más de 10 años en desempeño municipal, incluso de la gestión del ex alcalde Mauricio Viñambres, sin evaluación y sin mediar una sola palabra antes de desvincularles, la gente que hizo su trabajo por los últimos años, fueron inscritos en una lista negra por colaborar con la autoridad anterior y hacer el trabajo por el que nos pagan”.
Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente audio.
