Las primeras gestiones comenzarán con Carabineros de Chile a las 5:30 am de este martes 30 de septiembre, y durante toda la jornada se desarrollarán gestiones sociales entre de DPR, DPP, MIDESO, Servicio Mejor Niñez, Municipalidad de Quilpué, entre otros.

Un complejo panorama se vive en Quilpué ante el inminente inicio del proceso de demolición de viviendas emplazadas en el asentamiento irregular conocido como Calicheros, donde actualmente residen cerca de 150 familias. De acuerdo con lo informado por las autoridades, las labores de derribo se iniciarán este martes, tras concluir las acciones previas de acompañamiento social.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, confirmó que el operativo contempla la presencia de equipos sociales, policiales y de fiscalización, quienes verificarán la situación habitacional y migratoria de los residentes. “El día martes se inicia el proceso de demolición, luego de una jornada de coordinación junto a los equipos de apoyo”, precisó Riquelme, añadiendo que se busca resguardar la integridad de las familias y garantizar el cumplimiento de la resolución judicial que ordena la restitución del terreno.

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, aseguró que el municipio dispondrá de un albergue temporal para las familias que no cuenten con redes de apoyo y requieran asistencia habitacional inmediata. “Habilitaremos un albergue para las familias que no tengan dónde ir. Se ha dispuesto toda la coordinación necesaria para evitar que queden desprotegidas”, sostuvo la jefa comunal, enfatizando que el proceso considera acompañamiento social y la participación de instituciones como el Servicio Nacional de la Niñez (Sename), la Policía de Investigaciones y organismos especializados en rescate animal, debido a la gran cantidad de mascotas presentes en el lugar.

Las autoridades reiteraron que el operativo busca dar cumplimiento a una sentencia judicial emanada hace más de dos años, en el marco del homicidio del empresario Alejandro Correa, propietario del terreno. En ese contexto, la abogada de la familia, Jeanette Bruna, sostuvo que el Estado ha demorado excesivamente en aplicar los protocolos para evitar la expansión de tomas y asentamientos irregulares. “El Estado está en deuda. Hace mucho tiempo debió haber actuado conforme a la ley y garantizar una salida ordenada de este predio”, afirmó.