El Gobierno dio un paso clave en el abordaje de la megatoma del cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) regional oficializó la expropiación de los terrenos donde se emplaza el asentamiento, proceso que contempla una indemnización cercana a los $11 mil millones.

La medida afecta a una superficie total de 110 hectáreas correspondientes a tres paños del Lote 1A, rol N° 9037-1, de propiedad de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., cuyos dueños son Esteban Solari y Ricardo Posada. En ese territorio viven actualmente más de 4.100 familias, lo que convierte a este asentamiento en una de las tomas más grandes del país.

Según detalla el decreto expropiatorio, una comisión tasadora estableció que el monto total de la indemnización provisional asciende a $10.990.904.000, suma que será pagada al contado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), conforme a lo dispuesto en la resolución administrativa.

Con la publicación del acto en el Diario Oficial, el proceso entra en una nueva fase, ya que la expropiación queda jurídicamente habilitada una vez tomada razón por la Contraloría General de la República. Esto permite al Estado avanzar en la planificación de una solución habitacional y territorial de largo plazo para el sector.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, valoró el paso dado y subrayó que el desafío ahora es pasar desde la expropiación a la urbanización del terreno. “Ahora tenemos que entrar a convocar a entidades patrocinantes, probablemente subdividir el terreno en tres partes o más, para empezar a pensar en la urbanización”, señaló la autoridad.

Montes recalcó que el objetivo no es solo regularizar la tenencia del suelo, sino también generar condiciones básicas de habitabilidad. Esto implica planificación urbana, acceso a servicios, definición de vialidades, áreas comunes y una coordinación estrecha entre distintos organismos del Estado, municipios y actores sociales.

La megatoma de San Antonio ha sido por años un foco de tensión social, judicial y política, debido al alto número de familias involucradas y a la falta de soluciones habitacionales estructurales. Con la expropiación ya oficializada, el Gobierno busca destrabar un conflicto de larga data y avanzar hacia un proceso gradual de integración urbana, cuyo desarrollo y plazos aún deberán ser definidos.