Reajuste total alcanzaría un 3,4% del IPC e incorpora alza diferenciada para rentas mínimas y bono de término de conflicto

Luego de varias semanas de diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones gremiales, este lunes concluyó la negociación de la Mesa del Sector Público, instancia clave que cada año define el reajuste salarial y los principales beneficios económicos para las y los trabajadores del Estado. El acuerdo, conocido de manera preliminar y a la espera del comunicado oficial del Gobierno, contempla un reajuste escalonado de las remuneraciones, aumentos en bonos permanentes y un bono de término de conflicto con montos diferenciados según nivel de ingresos.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios del sector público considera un reajuste salarial del 2% a contar del mes de diciembre, al que se sumará un incremento adicional del 1,4% en junio del próximo año. En conjunto, este aumento representa una recuperación total del 3,4% del IPC, en línea con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del Estado frente a la inflación acumulada.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el reajuste del 5% para las rentas mínimas del sector público, medida que busca fortalecer los ingresos de los tramos más bajos y responder a una de las principales demandas levantadas por las organizaciones gremiales durante el proceso de negociación. Este punto fue uno de los ejes centrales de las conversaciones, en un contexto de presión por avanzar hacia una recuperación real de los salarios.

El entendimiento también incluye un aumento del 3,4% en los bonos de carácter permanente, con el objetivo de mantener su valor real y evitar su pérdida frente al alza sostenida del costo de la vida. Estos bonos forman parte estructural de las remuneraciones en diversos servicios públicos y su reajuste era una preocupación transversal entre los gremios.

Como parte del cierre del proceso, se acordó además la entrega de un Bono de Término de Conflicto. Según la información preliminar, este beneficio alcanzaría los $150.000 para las rentas mínimas y $75.000 para las rentas más altas, manteniendo un criterio de diferenciación de acuerdo con el nivel de ingresos de los funcionarios y funcionarias públicas.

La negociación de la Mesa del Sector Público se desarrolló en un escenario económico marcado por la inflación y por las demandas de los trabajadores del Estado de avanzar en una recomposición salarial que permita enfrentar el aumento del costo de la vida. Durante las semanas de diálogo, los gremios insistieron en la necesidad de priorizar a los sectores con menores ingresos y de resguardar los beneficios permanentes.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno entregue el comunicado oficial, donde se confirmarán los montos definitivos, las fechas de pago y el detalle completo de los beneficios incluidos en el acuerdo, el que posteriormente deberá seguir su tramitación administrativa y legislativa correspondiente.