Animalistas acusan “nulo avance” de Fiscalía en causa por presunta matanza en el canil municipal ocurrida entre 2008 y 2018. Municipio asegura que siempre ha colaborado.

La querella por la muerte de más de 5.900 perros en el canil municipal de Temuco fue declarada admisible por la justicia, pero terminó cerrándose sin personas formalizadas ni responsables penales, según denunciaron los propios querellantes de la causa, quienes apuntan a una grave inacción del Ministerio Público.

La acción judicial fue presentada por la Fundación Derecho y Defensa Animal (DyD Animal) y el activista Gary Parra, por presuntos delitos de maltrato animal con resultado de muerte al interior del canil municipal de Temuco, hechos ocurridos entre los años 2008 y 2018.

Pese a que en 2022 el Juzgado de Garantía declaró admisible la querella, habilitando la realización de diligencias investigativas, uno de los querellantes aseguró que la causa terminó siendo cerrada por la Fiscalía sin establecer culpables ni responsabilidades penales, lo que calificó como un “nulo avance” en una de las investigaciones por maltrato animal más graves del país.

Según antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia, entre 2008 y 2017 ingresaron al canil municipal 10.848 perros, de los cuales 5.977 murieron bajo custodia municipal. Durante gran parte de ese periodo, el recinto fue administrado por la Universidad Católica de Temuco, mediante un convenio con el municipio.

La querella apuntaba a posibles irregularidades en los procesos de eutanasia, incluyendo el eventual uso de fármacos prohibidos, además de inconsistencias en los registros oficiales de animales capturados, sacrificados y entregados en adopción. Parte de los hechos se remontan a la administración del entonces alcalde y actual diputado Miguel Becker, y al periodo en que el actual alcalde Roberto Neira era concejal y miembro de la Comisión de Salud.

Desde la Municipalidad de Temuco, la directora jurídica Murie Maturana señaló que la investigación se sustentó en eventuales diferencias numéricas entre los perros ingresados, eutanasiados y dados en adopción, y afirmó que todas las materias quedaron en manos del Ministerio Público. Añadió que el municipio siempre ha estado disponible para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

El cierre de la causa sin responsables ha generado duras críticas desde organizaciones animalistas, que acusan abandono institucional y falta de voluntad investigativa por parte de la Fiscalía, y advierten que este precedente refuerza la impunidad frente a delitos de maltrato animal en Chile.