La denunciante afirma que, pese a contar con herencia, posesión efectiva, sentencias judiciales e inscripción a su nombre, fue víctima de hostigamientos, agresiones y maniobras administrativas. Apunta a particulares, abogados y funcionarios municipales.
Lucía González, 68 años, denunció haber sido despojada de su departamento en avenida Frei 2854, Viña del Mar, tras más de dos décadas de litigios y conflictos administrativos. La afectada acusa una red de personas —algunas con vínculos municipales— que, mediante acciones irregulares y violencia sostenida, habrían logrado revertir su situación legal pese a contar con antecedentes hereditarios y judiciales favorables.
Según González, el inmueble fue adquirido en 1973 por su padre y heredado legalmente tras el fallecimiento de su pareja en 1978, mediante testamento. Luego de la muerte de su padre en 1989, el departamento fue incorporado a la posesión efectiva e inscrito en 1991.
El conflicto se inicia en 2003, cuando una tercera persona intenta apropiarse del inmueble, expulsando arrendatarios y ejerciendo amenazas. En 2004 se interpuso un juicio por comodato precario, que terminó en 2007 con una sentencia que reconoció que González tenía título y posesión válida, impidiendo su desalojo. Sin embargo, el dominio no fue regularizado entonces.
La denunciante acusa dilaciones, pérdida de documentos y actuaciones irregulares en Bienes Nacionales. En 2019, un tribunal ordenó inscribir el inmueble a su nombre, instrucción que —según afirma— no fue cumplida oportunamente. Recién en diciembre de 2020 logró la inscripción tras contratar abogados particulares. En paralelo, la persona que perdió el juicio en 2007 habría inscrito una sucesión a su favor en 2019.
Desde que volvió a habitar el departamento, González asegura haber sufrido más de seis años de hostigamientos: cambios de cerraduras, bloqueo de accesos, control arbitrario de servicios comunes, amenazas de muerte y agresiones físicas. Uno de los hechos más graves fue el ataque con un martillo contra su hijo, que terminó con lesiones de consideración.
González sostiene que existe un reglamento de copropiedad “viciado”, aprobado sin quórum ni convocatoria válida, que habría sido usado para justificar decisiones en su contra. En 2022 fue demandada nuevamente en base a hechos que califica como falsos. Pese a presentar antecedentes históricos y judiciales, los tribunales fallaron en su contra y, en enero de este año, la Corte Suprema rechazó su recurso de casación, agotando las vías legales.
La denunciante acusa omisión de deberes y encubrimiento institucional por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, señalando que el municipio estaba en conocimiento de los hechos y no activó medidas de protección para una adulta mayor.
Hoy, González espera la ejecución del desalojo y advierte que su caso no sería un hecho aislado en el sector.
Ante estas acusaciones, intentamos contactarnos con la Municipalidad de Viña del Mar sin éxito hasta el cierre de esta nota.
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