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Casi 2 mil casos han sido aprobados jurídicamente en la región, solo superada por la Metropolitana. La mayoría corresponde a acoso laboral y afecta principalmente a mujeres, en rubros como servicios y comercio.

La Región de Valparaíso se posiciona como la segunda del país con mayor número de denuncias en el marco de la Ley 21.643, conocida como Ley Karin, que regula la prevención y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

Según datos de la Dirección del Trabajo, entre agosto y diciembre de 2024 —primeros meses de implementación de la normativa— y durante 2025, la región registró 1.957 denuncias, concentrando un 17,7% del total nacional. Solo la Región Metropolitana la supera, con un 25,1%.

A nivel país, la autoridad informó que se han presentado 26.862 denuncias ingresadas bajo la Ley Karin. De ellas, un 40% fue declarado inadmisible, mientras que el 16% permanece en etapa de fiscalización.

En Valparaíso, la mayoría de los casos aprobados jurídicamente corresponde a acoso laboral, seguido por acoso sexual. Las mujeres concentran el 66,7% de las denuncias, muy por encima de los hombres (31,5%). Un 1,9% no informó género.

Por tipo de empresa, las denuncias se concentran en grandes compañías (49%), seguidas por medianas (17%) y microempresas (29%). Los sectores económicos con mayor incidencia son comercio (18,6%), enseñanza (13%) y servicios administrativos (11,2%).

En cuanto a fiscalizaciones, la Dirección del Trabajo realizó 3.880 procesos entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 en todo el país, aplicando 1.933 multas por incumplimientos al protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. El monto total recaudado supera los $4.486 millones.

Desde la Seremi del Trabajo y Previsión Social en Valparaíso indicaron que el alto número de denuncias también refleja una mayor visibilización de estas conductas y más confianza de las personas trabajadoras en los canales institucionales.

La Ley Karin, vigente desde agosto de 2024, establece la obligación de empresas e instituciones públicas de implementar protocolos de prevención y sanción frente a situaciones de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, reforzando además los mecanismos de denuncia ante la Inspección del Trabajo y los tribunales laborales.