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Hace una década, Chile implementó la gratuidad estudiantil, concebida inicialmente como una beca para mitigar las profundas desigualdades que obstaculizaban el acceso de la juventud a la educación universitaria y técnico superior.

Desde entonces, se ha observado un avance en la educación pública y una reducción en las brechas de equidad, permitiendo que jóvenes de familias con menos recursos accedan a la formación superior.

En estos diez años, la percepción ha evolucionado: la «gratuidad» ya no se entiende solo como una beca, sino como un derecho esencial y garantizado para Chile. Este avance siempre ha estado ligado a la visión de progreso y desarrollo del país.

La gratuidad es mucho más que una medida de «caridad»; es un acto de justicia social y, fundamentalmente, una inversión clave para el desarrollo tecnológico, material y social de toda la nación. Entender la educación como una inversión a futuro es crucial para formar mejores técnicos y profesionales, accesibles desde cualquier punto del país, sin importar su origen. El progreso de Chile no debe depender de una única élite social, la cual a menudo representa la tradición de privilegio y segregación, más que la excelencia.

Poner fin a la actual política de gratuidad desmantelaría el discurso de la meritocracia y confirmaría que el futuro de la industria, la economía y la tecnología del país permanece a merced de los más acaudalados, aquellos ajenos a la realidad de los más pobres y de una clase media que trabaja incansablemente.

En un sistema donde la clase media vive en un constante riesgo,que solo necesita una crisis menor (una enfermedad, la pérdida del principal sostén económico, una deuda incumplida, una crisis sanitaria) para ver esfumarse el sueño de una vida digna. Eliminar la gratuidad en este contexto es cerrarles las puertas a miles de jóvenes y familias talentosas y esforzadas, es abandonar la creencia en el mérito y, en última instancia, condenar a Chile al subdesarrollo.

Ante los recientes anuncios del gobierno, no podemos permanecer inactivos. Los estudiantes chilenos son el orgullo de sus familias, de madres y padres trabajadores que han postergado sus propios sueños para asegurarles un futuro mejor.

Es inaceptable que un gobierno que vocifera libertad y desarrollo personal, que se jacta de priorizar y resguardar la familia, ponerla como el centro de la sociedad pretenda condenar a la precariedad a las familias chilenas, a aquellos que aspiran a emprender y al desarrollo. El progreso y el futuro exigen avances, no retrocesos.

La discusión sobre la gratuidad en la educación fue zanjada hace ya una década. ¿Qué clase de futuro se le ofrece a la nación si el objetivo principal es el retroceso?