Las Cortes de Apelaciones desestimaron 1.453 de 1.968 recursos de protección, respaldando la legalidad de los cobros del CAE. Valparaíso destaca entre las regiones que admitieron más casos.
Las Cortes de Apelaciones del país han desestimado un 74% de los recursos de protección presentados contra la Tesorería General de la República (TGR) por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). De un total de 1. 968 acciones legales, 1. 453 fueron declaradas inadmisibles, lo que respalda la validez legal de los procesos de cobranza estatal de la educación superior.
La TGR ha señalado que estos dictámenes confirman la solidez jurídica de sus actuaciones en la recuperación de fondos públicos vinculados al financiamiento educativo. El análisis geográfico de los fallos muestra un criterio mayoritario en los tribunales de alzada de la zona central y sur del país.
La Corte de Apelaciones de Santiago lideró con 569 casos desestimados, seguida por San Miguel con 197, Concepción con 146, y Rancagua con 58 resoluciones similares. Estos datos evidencian una tendencia clara en la interpretación de la ley por parte de los tribunales en estas regiones.
Sin embargo, algunas regiones han mostrado una tendencia diferente. Las cortes de Talca y Valparaíso han admitido a trámite 102 y 99 recursos, respectivamente. La Serena y Arica también han dado luz verde a algunos casos, con 24 y 7 recursos admitidos, abriendo procesos de revisión sobre los mecanismos de cobro aplicados.
Esta apertura en ciertas jurisdicciones contrasta con la tendencia general y sugiere un debate en torno a la legalidad de los cobros. A pesar de estas aperturas, la Corte Suprema ha declarado inadmisibles más de 250 recursos de protección de forma directa, consolidando una jurisprudencia favorable a las atribuciones de cobranza coactiva de la TGR.
Este pronunciamiento refuerza la postura adoptada por los tribunales de Santiago y San Miguel, validando la legalidad de los cobros del CAE y reafirmando la capacidad del Estado para recuperar los fondos adeudados. La TGR ha destacado que estos fallos son un respaldo a su labor y a la necesidad de asegurar el financiamiento educativo en el país.
La situación actual refleja un panorama complejo para los deudores del CAE, quienes enfrentan un sistema judicial que, en su mayoría, apoya la legalidad de las acciones de cobranza del Estado.
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